En medio de la interna entre el Gobierno y las universidades públicas, desde el Ejecutivo ordenaron mediante tres decretos y un DNU, que la facturación de bienes y servicios se realice mediante plataformas que dependen del gobierno.
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En medio de la interna entre el Gobierno y las universidades públicas, desde el Ejecutivo ordenaron mediante tres decretos y un DNU, que la facturación de bienes y servicios se realice mediante plataformas que dependen del gobierno.
En ese sentido, tres ministerios redactaron cuatro decretos con el objetivo de reformar el actual sistema de gestión económica y financiera de esas casas de altos estudios y, también, prohibir la firma de convenios y acuerdos directos, sin licitación ni compulsa de precios.
Estos decretos modifican el marco normativo para las compras, contrataciones y el manejo presupuestario en las universidades públicas. Además, se restringe al mínimo la posibilidad de firmar “convenios interadministrativos” con entes públicos o cooperativas, que quedaban fuera de los controles del Estado Nacional.
“Las universidades tienen autonomía total para definir cómo gastar su presupuesto y eso se respeta y nadie lo cuestiona. Pero los fondos a partir de los cuales funcionan son de la administración pública, que están aplicados dentro de la Ley de Administración Financiera. Las universidades son entes de la administración pública y la visión del Gobierno es que tienen que tener los mismos procesos de transparencia y control que cualquier otra entidad”, expresó el secretario de Transformación del Estado y Función Pública.