El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar ayer a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo y frenó la eliminación de ese subsidio, una decisión que había tomado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que propone reemplazarlo por vouchers de capacitación.
El juez ordenó que el Gobierno mantenga los pagos (son de $78.000) a los beneficiarios. Los grupos piqueteros habían activado protestas por la eliminación de este plan.
En el fallo, González Charvay ordenó al Gobierno mantener los pagos a los beneficiarios del plan, con la advertencia de aplicar multas por cada día de incumplimiento. Le exigió "al Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo".
La demanda que aceptó el juez federal de Campana fue impulsada por un grupo de beneficiarios del plan Volver al Trabajo (Andrea Liliana Ledesma, Andrea Jorgelina Rivero, Agustina Pérez, Rodrigo Mario Esquivel y Ángel Ariel Berón), que plantearon una acción de amparo colectivo contra el cese del programa. Argumentaron que esa eliminación "constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales e inconstitucionalidad por omisión".
Los demandantes sostuvieron que son personas que trabajan en la economía popular "en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica estructural, que carecen de inserción formal en el mercado de trabajo y que dependen de la prestación del programa como principal o único ingreso".
El juez argumentó que "el Estado Argentino, a través de la Acordada Nº 5/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adhirió a las recomendaciones de 'Las 100 Reglas de Brasilia' sobre el acceso de la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, como son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de violencia, enfermos, pobres, entre otras". Y agregó que "la elaboración de estas reglas se erige en la necesidad de que el sistema judicial se configure como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, en la medida que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio".
Las personas que presentaron la demanda afirmaron ser trabajadores de comedores y merenderos comunitarios, de centros comunitarios para personas con problemas de consumo de drogas, o desempeñarse como cartoneros.
La prestación finalizaba el 9 de abril y los grupos piqueteros lanzaron jornadas de protesta que incluyeron, el 7 de abril, piquetes en accesos a la Capital Federal y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
