Según el informe de la Defensoría, los conflictos dejaron un total de 321 personas arrestadas, 23 heridas y siete fallecidos, algunos de los cuales todavía se encuentran pendientes de investigación por el Ministerio Público.
El reporte señala que cuatro personas perdieron la vida porque no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos, tres en el departamento de La Paz y uno en Potosí. Entre las víctimas figura un niño de 12 años trasladado de emergencia en ambulancia desde la localidad de Llallagua hacia la ciudad de Potosí (sudeste) que falleció en el camino porque las personas movilizadas no permitieron el paso del vehículo.
Los otros fallecidos eran personas que participaron en las movilizaciones: una mujer de 50 años que murió en el hospital luego de la marcha del 18 de mayo en La Paz, un hombre de 71 años en la ciudad de El Alto y finalmente un joven de 23 años que murió por un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”, en medio del operativo para instalar un corredor humanitario el 23 de mayo.
La Fiscalía anunció que aún están pendientes las pericias balísticas para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar de dónde salió el disparo. Entre tanto, el Gobierno ha negado que las fuerzas del Estado hubieran portado armas letales para el operativo.
La Defensoría del Pueblo también registró 23 personas heridas de diversa gravedad, entre las cuales se encuentran 12 personas movilizadas, cinco transeúntes afectados durante las manifestaciones, tres policías y dos periodistas.
Según el informe de conflictividad, hasta el 24 de mayo se habían arrestado a 321 personas, de las cuales 221 (68%) fueron liberadas. De las 100 restantes, 89 fueron imputadas penalmente: 43 personas podrán defenderse en libertad, 19 obtuvieron detención domiciliaria, 12 detención preventiva y 5 recibieron medidas sustitutivas a la detención preventiva.
En tanto, 10 personas ya fueron sentenciadas en un proceso abreviado y a todas se les impuso una pena de tres años. Sin embargo, se les otorgó el perdón judicial y medidas de seguridad como la prohibición de portar material explosivo, acercarse a puntos de bloqueo y presentarse ante el juzgado correspondiente cada cuatro meses para la firma de un libro de registro.
