El Gobierno de Bolivia reconoció el lunes la muerte de una persona durante los enfrentamientos ocurridos en el fallido operativo militar y policial que intentó despejar una carretera troncal del occidente del país, bloqueada por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió el fallecimiento y ofreció disculpas por una primera versión oficial difundida el sábado por la noche, cuando había afirmado que no se registraban víctimas fatales. Según explicó, esa declaración respondió a información que, según sostuvo, era contradictoria en medio del operativo desplegado para habilitar el denominado “corredor humanitario” destinado al paso de alimentos, combustible y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por el desabastecimiento provocado por los bloqueos.
“Lamentablemente, en el transcurso de las horas, ya en la madrugada (del domingo), tuvimos conocimiento del fallecimiento de un ciudadano y hemos expresado a través de distintos medios nuestro pesar porque ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar”, dijo Gálvez ante los medios.
El operativo se desarrolló el sábado sobre la carretera troncal que conecta las ciudades de La Paz y Oruro, separadas por 227 kilómetros, con el objetivo de restablecer el tránsito de suministros hacia la sede de Gobierno y hacia El Alto, dos de las ciudades más afectadas por el corte de rutas y el desabastecimiento de productos básicos.
Sin embargo, la intervención fue suspendida tras los enfrentamientos registrados en distintos tramos de la ruta. Los choques derivaron además en la quema de oficinas estatales y en destrozos contra vehículos que acompañaban el convoy oficial.
El domingo, medios locales difundieron un reporte forense que certificó la muerte de un civil identificado como Víctor Cruz Quispe. El informe indicó que el fallecimiento ocurrió por un “proyectil de arma de fuego”, según el examen practicado en el Hospital de Clínicas de La Paz, donde el cuerpo fue trasladado el sábado por la noche desde la región del altiplano.
El hecho ocurrió cerca de la localidad de Vilaque, escenario de los enfrentamientos entre agentes policiales y militares y los manifestantes que mantenían el bloqueo.
Tras conocerse el fallecimiento, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto reclamaron “el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos” el sábado. En su pronunciamiento, las instituciones pidieron una investigación sobre lo sucedido, “en particular aquellos vinculados a personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos”.
Desde el Gobierno, Gálvez defendió el accionar de las fuerzas desplegadas en el operativo y sostuvo que “ninguno de los efectivos” militares y policiales que participaron “portaba un arma de ningún calibre”. Según afirmó, los agentes llevaban gases lacrimógenos con fines disuasivos.
El vocero aseguró además que el Ejecutivo impulsará una investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades. “Y el que haya asesinado tiene que pagar”, afirmó. También sostuvo que “la ley no está para ser rota y nadie está por encima de la ley”.
La operación del sábado formó parte de un intento oficial por romper los bloqueos instalados desde hace 20 días por sectores campesinos de la zona andina, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), que reclaman la renuncia del presidente Paz, quien asumió el Gobierno hace seis meses.