El presidente boliviano Rodrigo Paz anticipó ayer que reducirá su salario y el de sus ministros a la mitad y anunció un perdón para las multas tributarias de los trabajadores informales en un intento por destrabar las protestas que llevan adelante varios sindicatos que exigen su renuncia.
La Paz ingresó a su cuarta semana de bloqueos que han provocado desabastecimiento de alimentos y combustible y han disparado los precios. El intento del gobierno de abrir un "corredor humanitario" para permitir el paso de suministros básicos y vehículos atrapados en las rutas no dio resultado debido a la acción de algunos "grupos violentos" que atacaron a policías y militares, según informes del gobierno y la policía.
"Bolivia está en un momento delicado. Está en quiebra. Una minoría no puede gobernar. Hay que hablar, pero no bajo la presión del hambre. Estoy apostando por el diálogo y volveré a convocarlos", dijo Paz en la sureña ciudad de Sucre. El anuncio de ajustes en su gabinete para incorporar a sectores sociales tampoco bajó la presión.
La Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos de campesinos y juntas vecinales que lideran las protestas no concurrieron a dialogar el domingo. Cuatro personas han fallecido, tres por falta de atención médica debido a los cortes y una cuarta el sábado supuestamente durante un operativo policial. La Fiscalía anunció investigaciones.
El mandatario no tiene un partido propio ni una alianza legislativa fuerte y ha descartado utilizar la fuerza pública ante un posible agravamiento del conflicto. Tampoco ha declarado el estado de excepción como reclaman sectores empresariales y apostó por el diálogo, que no ha prosperado. El conflicto mantiene polarizado al país entre quienes exigen la dimisión del mandatario y otros que lo respaldan y demandan mano firme para frenar las protestas.
Para el obispo católico Giovanni Arana, que oficia de mediador junto a organizaciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo, el intento de facilitar un diálogo "ha caído en saco roto".
Evo pide elecciones
El expresidente Evo Morales (2006-2019) ha propuesto convocar a nuevas elecciones. El gobierno lo acusa de alentar y financiar las protestas, pero analistas creen que el político que enfrenta cargos con la justicia ya no tiene poder de convocatoria y que busca utilizar el conflicto para levantar cabeza.
Una nueva marcha se dirigía el lunes al centro de La Paz, que ha sido escenario de violentos choques entre manifestantes y la policía que custodia la plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.
En las estaciones de servicio se formaban largas colas de vehículos que buscaban combustible. "Tampoco hay seguridad para trabajar por los ataques de los motorizados a nuestros afiliados", dijo el dirigente del transporte público Edson Valdez.
Según la Administradora de Caminos el país registraba ayer 54 puntos de bloqueos, la mayoría en La Paz.