La Ley Nacional Nº 27.801 establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y modifica la respuesta del Estado frente a los delitos cometidos por adolescentes. Su punto más resonante es la fijación del régimen penal aplicable desde los catorce años y hasta antes de cumplir los dieciocho. Bajo el régimen anterior, los menores de dieciséis años no eran punibles. La nueva legislación incorpora, por lo tanto, a los adolescentes de catorce y quince años dentro de un sistema penal juvenil específico.
En este marco, nuestro medio dialogó con Mercedes Arias, jueza de la Suprema Corte de Justicia y directora de la Oficina de Niñas, Niños y Adolescentes del Poder Judicial (Onna), quien fijó su postura al respecto. Sostuvo que la reducción de la edad de imputabilidad no constituye, por sí sola, una respuesta al problema del delito adolescente.
Cuando se trabajó la ley, la reducción de la edad en la imputabilidad de los jóvenes "aparecía como una solución a un problema de delincuencia juvenil y para mí no es la respuesta adecuada. Bajar la edad no es una respuesta que la sociedad necesite para eliminar la situación de delito de chicos adolescentes", afirmó la jueza.
La funcionaria también cuestionó las condiciones presupuestarias necesarias para poner en marcha el nuevo régimen y advirtió que su implementación requiere mucho más que adaptar espacios existentes. "No es que un espacio de alojamiento antes era para adultos, ahora le cambiamos el cartel y es para adolescentes. No funciona así, tiene que estar adaptado", remarcó.
Sin embargo, Arias destacó que el nuevo régimen también incorpora herramientas que considera positivas, como la reparación del daño, la participación de las víctimas en soluciones alternativas de conflictos, la escolarización, las medidas complementarias, los trabajos sociales y el acompañamiento interdisciplinario.
Para la directora, el desafío está en fortalecer la prevención y capacitar a quienes intervienen en estos procesos. En esa línea, valoró las acciones que se desarrollarán durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes para acercar información a los adolescentes y explicarles, en un lenguaje claro, cuáles son sus nuevas responsabilidades.
"No tenemos que llegar a que el adolescente cometa el error o el delito. Tenemos que informarle qué acciones que pueda cometer van a ser un delito y serán tratadas como tal", sostuvo la funcionaria.
Cabe destacar que la edad establecida de 14 años no está fuera de los parámetros internacionales permitidos, ya que es el límite mínimo absoluto recomendado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, la edad de los menores genera un intenso debate jurídico internacional debido al principio de no regresividad en derechos humanos, que desaconseja que los países que ya tenían un límite superior (como Argentina, que lo tenía en 16 años) reduzcan esa edad.
Finalmente, Arias señaló que todavía no es posible medir el impacto del nuevo régimen en las estadísticas de delitos juveniles, ya que antes de su entrada en vigencia, las situaciones protagonizadas por menores de 16 años no quedaban registradas en el sistema penal debido a que no tenían un marco regulatorio.