Dentro del paro de 48 horas convocado por ATE, trabajadores estatales se movilizaron en la víspera por el centro de la capital para expresar su rechazo a la última mejora salarial otorgada por el Gobierno jujeño y reclamar respuestas a distintos planteos del sector.
Desde el gremio señalaron que la medida busca repudiar el aumento ofrecido en la última reunión de la mesa salarial y exigir el cumplimiento de compromisos asumidos, entre ellos el pase a contrato de servicio de capacitadores que actualmente se desempeñan en el Ministerio de Educación.
"Esto es un repudio a la última reunión de la mesa salarial. Rechazamos el aumento que se dio y exigimos lo que venimos pidiendo: el pase a planta y el pase a contrato de muchos capacitadores que todavía faltan", señaló Carlos Sajama, secretario general del gremio, durante la movilización.
Según explicaron, existe un compromiso dentro del Ministerio de Educación para avanzar con esos pases, aunque advirtieron que el proceso estaría trabado a la espera de una firma. "Vemos que se están tirando la pelota entre la ministra y el Gobierno, cuando falta una firma para poder avanzar", cuestionó. Otro de los reclamos planteados está relacionado con el esquema salarial anunciado para los trabajadores estatales. Desde ATE solicitaron que se adelante el pago hasta alcanzar el millón de pesos para aquellos trabajadores que actualmente perciben salarios inferiores.
"Queremos que se anticipe ese millón de pesos que está previsto para cobrar en diciembre y que se pueda cobrar ahora. Hay compañeros que están dentro de la 31-61 y cobran alrededor de 840 mil pesos. Si todos vamos a llegar al millón, ¿por qué no anticiparlo y que todos puedan cobrarlo ahora?", planteó.
En ese sentido, Sajama aclaró que no se abordaron nuevos bonos ni otras compensaciones en la negociación. "No se habló de bono ni de aguinaldo. Ellos hicieron su propuesta y nosotros hicimos la nuestra. Nos parece justo que se anticipe y que todos puedan llegar a cobrar el millón antes de diciembre", indicó.
También anticipó que esta semana habrá nuevas instancias de negociación, entre ellas una mesa técnica de Educación y una reunión pendiente con el ministro de Hacienda. "Si no hay solución, vamos a profundizar las medidas de fuerza", advirtió el gremialista.
Finalmente, desde ATE destacaron el nivel de adhesión al paro en distintos puntos de la provincia y señalaron que la medida alcanzó tanto al sector provincial como municipal. "Hoy se ve una gran convocatoria en toda la provincia. Está el paro y en Capital estamos marchando, pero en toda la provincia el sector municipal y provincial se ha adherido. El paro de ATE ha sido contundente", remarcó Sajama.
Fernández: "Continúa el éxodo de profesionales"
Apuap fue otro de los gremios estatales que marchó ayer por el centro capitalino. La Asociación sindical que nuclea a todos los profesionales de la administración pública volvió cuestionar la política salarial del Gobierno de Jujuy y reclamó que la discusión paritaria permanezca abierta. Desde el sindicato plantearon que el salario inicial de los trabajadores estatales debe ser equivalente a la Canasta Básica Total, con la correspondiente piramidación.
En ese sentido, el secretario general, Nicolás Fernández, consideró "inaceptable" que el Ejecutivo provincial pretenda cerrar la paritaria 2026 en septiembre con un aumento del 6% dividido en tres cuotas. "Es inaceptable para cualquier trabajador estatal en la provincia que el Ejecutivo provincial pretenda cerrar la paritaria en septiembre, imponiendo un paupérrimo 6% en tres cuotas", sostuvo.
Fernández advirtió que, de concretarse el cierre de la negociación, los trabajadores quedarían hasta febrero o marzo de 2027 afrontando el impacto de los aumentos de tarifas y del ajuste económico.
"Con esto pretende cerrar la paritaria 2026 y pasar al mes de febrero-marzo de 2027, descargando sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras todos los tarifazos y todo el ajuste que se está aplicando a nivel nacional y que se replica en la provincia", cuestionó.
Desde Apuap insistieron en que el costo de la crisis económica no debe recaer sobre los trabajadores y remarcaron la preocupación por la pérdida de profesionales en el Estado provincial. "Entendemos que tiene que haber una política para que la crisis no la paguen los trabajadores, que el Gobierno no la descargue sobre nuestra espalda y garantice un salario digno y condiciones dignas de trabajo", expresó Fernández.
Por último, el dirigente advirtió además que continúa el éxodo de profesionales y que la provincia atraviesa una "crisis de recursos humanos muy fuerte", particularmente en áreas donde se requiere personal especializado.
