El Gobierno de Jujuy confirmó que las elecciones provinciales de 2027 se realizarán en una fecha distinta a los comicios nacionales, aunque por el momento no existe una definición oficial sobre el día en que se llevará adelante la votación.
El anuncio fue realizado por el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, quien indicó que la intención del Ejecutivo es avanzar con el desdoblamiento electoral, siguiendo el camino que ya comenzaron a transitar otras provincias del país.
"No hay fecha, pero seguramente se va a hacer. La idea es que se vote por separado", afirmó el funcionario.
Siufi explicó que la decisión política ya está tomada, aunque todavía resta definir el cronograma electoral. "Jujuy seguramente va a adelantar las elecciones. Eso sí está definido, pero todavía no hay una fecha establecida", señaló.
El funcionario recordó que varias provincias ya avanzaron en la definición de sus calendarios electorales para 2027. "Tucumán ya se adelantó y fijó el 9 de mayo. Salta también está evaluando distintas alternativas y analiza realizarlas el 9 o el 16 de mayo", comentó.
En relación a Jujuy, aclaró que todavía no hay una resolución sobre el mes en que se realizarán los comicios locales. "No sé si será en mayo o no, porque todavía no hay una definición", expresó.
Con este anuncio, el Gobierno provincial ratificó su intención de desdoblar las elecciones nacionales de las provinciales, con el objetivo de separar el debate local de la agenda política nacional.
Rechazo a proyecto
Por otra parte, Siufi salió a cuestionar el proyecto legislativo impulsado por La Libertad Avanza, que propone terminar con la afiliación obligatoria al Instituto de Seguros de Jujuy y que los trabajadores estatales puedan elegir libremente otra cobertura médica. Sostuvo que la medida terminaría favoreciendo únicamente a quienes cobran los sueldos más altos y debilitaría el sostenimiento económico de la obra social provincial.
El secretario reconoció que se trata de una propuesta que merece ser debatida en la Legislatura, aunque aprovechó para señalar que permite conocer con mayor claridad la postura del espacio libertario respecto del ISJ, más allá de las críticas que -según dijo- caracterizaron hasta ahora a ese sector político.
El funcionario fue más allá y planteó que la iniciativa terminaría convirtiendo al ISJ en "una obra social de pobres", mientras que los sueldos más altos migrarían hacia prepagas privadas. Para graficarlo, recordó lo sucedido en el Poder Judicial: jueces y fiscales ya cuentan con otra cobertura médica distinta a la del ISJ, algo que -advirtió- podría repetirse con el resto de la planta estatal si se aprueba la nueva normativa.
Con números concretos, ejemplificó que un empleado que gana $1.800.000 aporta cerca de $180.000 al ISJ, mientras que un funcionario con un sueldo cercano a los $5 millones aporta unos $500 mil.
Remarcó que, más allá de los reclamos habituales propios de un organismo con semejante cantidad de afiliados, continúa siendo una de las obras sociales provinciales mejor consolidadas del país.