El Gobierno de Jujuy salió a cuestionar el proyecto legislativo impulsado por el diputado de La Libertad Avanza, Federico Canedi, que propone terminar con la afiliación obligatoria al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) para que los trabajadores estatales puedan elegir libremente otra cobertura médica. El secretario de Comunicación del Ejecutivo provincial, Alberto Siufi, sostuvo que la medida terminaría favoreciendo únicamente a quienes cobran los sueldos más altos y debilitaría el sostenimiento económico del organismo.
Siufi reconoció que se trata de una propuesta que merece ser debatida en la Legislatura, aunque aprovechó para señalar que permite conocer con mayor claridad la postura del espacio libertario respecto de la obra social estatal, más allá de las críticas que —según dijo— caracterizaron hasta ahora a ese sector político.
El funcionario fue más allá y planteó que la iniciativa terminaría convirtiendo al ISJ en "una obra social de pobres", mientras que los sueldos más altos migrarían hacia prepagas privadas como OSDE. Para graficarlo, recordó lo sucedido en el Poder Judicial: jueces y fiscales ya cuentan con otra cobertura médica distinta a la del Instituto provincial, algo que —advirtió— podría repetirse con el resto de la planta estatal si se aprueba la nueva normativa.
somosjujuy
Con números concretos, ejemplificó que un empleado que gana 1.800.000 pesos aporta cerca de 180.000 pesos al ISJ, mientras que un funcionario con un sueldo cercano a los cinco millones aporta unos 500.000. Según su análisis, esos aportes de mayor valor serían justamente los primeros en salir del sistema si se habilita la libre elección de obra social, lo que a mediano plazo desfinanciaría la entidad y afectaría su sostenibilidad.
Pese a las críticas, Siufi defendió la gestión del Instituto y remarcó que, más allá de los reclamos habituales propios de un organismo con semejante cantidad de afiliados, continúa siendo una de las obras sociales provinciales mejor consolidadas del país. Precisó que el ISJ tiene actualmente unos 186.000 afiliados y desarrolla programas de prevención, entre ellos el seguimiento de pacientes con diabetes.
Para cerrar, el funcionario insistió en que el debate legislativo es el ámbito adecuado para discutir la propuesta, aunque remarcó que el proyecto deja en evidencia que a los sectores libertarios no les interesa fortalecer el sistema de salud provincial, sino garantizar que los sueldos más altos puedan migrar hacia otras opciones privadas.