El marco de las convulsionadas internas del Partido Justicialista de Jujuy sumó un nuevo capítulo en los tribunales. El Juez Federal N° 1 con competencia electoral, Esteban Eduardo Hansen, requirió ayer al Fiscal Federal Electoral que brinde un informe detallado sobre el estado de la denuncia penal impulsada contra la totalidad de los integrantes de la Junta Electoral partidaria local.
La medida fue dispuesta mediante una resolución firmada por el juez Hansen y el secretario electoral Manuel Gustavo Álvarez del Rivero, en el marco del expediente CNE 9175.
Denuncia por presuntos delitos graves
La acción penal que motivó el requerimiento judicial fue promovida por los dirigentes Hugo Efraín Rainero Garay y Nicolás Adrián Marañón. Apunta de manera directa contra los miembros de la Junta Electoral del PJ distrito Jujuy: Edgardo Santiago Salto, María Luz Llorens, Walter Miguel Rodríguez, Ana Jazmín Anzorena y Pablo Ariel País.
A los apoderados y miembros de la junta se los investiga por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y Prevaricato (artículo 269 del Código Penal).
La judicialización
El pedido del magistrado se enmarca en un escenario de fuerte confrontación interna que atraviesa el peronismo jujeño. En los últimos meses, el proceso de normalización electoral ha quedado frenado por medidas cautelares, acusaciones cruzadas por la impugnación de listas y denuncias por irregularidades en la presentación de avales.
Ante este clima de desconfianza institucional, la Junta Electoral del PJ quedó en la mira por sus decisiones arbitrarias en favor de la lista N°10 “Generación Valiente”.
