La Unión Industrial de Jujuy (UIJ) expresó su respaldo al proyecto que propone actualizar el régimen de biocombustibles, aumentar el corte obligatorio de bioetanol y reemplazar el sistema de cupos por un esquema de competencia entre las empresas productoras. Consideran que la iniciativa puede dar previsibilidad, impulsar inversiones y generar nuevas oportunidades para la cadena azucarera.
El presidente de la UIJ, Federico Gatti, expresó una posición favorable al proyecto de Ley de Biocombustibles que se analiza a nivel nacional y sostuvo que la iniciativa recoge varios planteos que las provincias y las cámaras del sector vienen trabajando desde el año pasado. La propuesta apunta a actualizar un régimen que lleva más de una década en funcionamiento y que establece actualmente un corte obligatorio del 12% de bioetanol en las naftas. La mitad de ese porcentaje se abastece con alcohol elaborado a partir de maíz y la otra mitad con caña de azúcar.
Sobre las expectativas explicó que la actual ley tuvo un impacto positivo para la Argentina, tanto por el desarrollo de una industria renovable como por la posibilidad de sustituir importaciones de combustibles y estimó que se realizaron inversiones, se amplió la producción de caña y se generó puestos de trabajo en las plantas vinculadas a la elaboración y deshidratación del alcohol.
"Esto ha permitido que Argentina se ahorre en estos 12 años más de 4.000 millones de dólares que antes destinaba a importar combustibles", dijo. Sin embargo estimó que el régimen vigente cumplió un ciclo y necesita actualizarse por el sistema de cupos, mediante el cual la Secretaría de Energía asigna a cada empresa un volumen determinado para entregar obligatoriamente a las refinerías.
Además explicó que también existe un atraso en el precio que recibe la industria por el litro de bioetanol pese a que la fórmula de pago prevista originalmente se fue modificando y el valor actual está por debajo del nivel que debería alcanzar. Recordó que por ello las provincias productoras de bioetanol, maiceras como las azucareras, comenzaron a trabajar junto con las cámaras empresarias en una nueva normativa que no logró avanzar en el Congreso el año pasado.
Sobre el proyecto de Bullrich que se analiza, Gatti explicó que contiene pautas similares a las propuestas mencionadas, entre ellas la ampliación del uso de los biocombustibles y el aumento del corte obligatorio, que pasaría del 12% al 15% a partir del próximo año. Dijo que la intención es avanzar a porcentajes mayores, de acuerdo con la evolución del mercado y la adaptación del parque automotor, y recordó que otros países ya utilizan cortes superiores al 20%.
Desde la Unión Industrial de Jujuy también valoraron el cambio propuesto para la comercialización ya que el proyecto plantea dejar atrás los cupos asignados por el Estado y avanzar hacia un sistema en el que las destilerías puedan competir por los volúmenes ofrecidos al mercado. Así las empresas productoras de bioetanol de maíz y de caña presentarían sus ofertas dentro del porcentaje correspondiente a cada materia prima, y el precio tendría como techo la denominada "paridad de importación", para evitar que las refinerías paguen valores superiores al costo que tendría comprar el producto en países como Brasil, Estados Unidos o Colombia.
Para Gatti, esto permitiría una competencia entre las empresas sin afectar al consumidor donde cada destilería podría ofrecer su producción de acuerdo con sus costos y condiciones, en lugar de depender de un cupo establecido por la Secretaría de Energía.
En el caso de las provincias del Norte, destacó que es clave que el proyecto mantenga la participación correspondiente al bioetanol elaborado con caña de azúcar, que permitiría resguardar el espacio de la actividad azucarera dentro del mercado y habría competencia entre los ingenios.
"Desde las cámaras le hemos dado el visto bueno al proyecto", afirmó Gatti, quien también destacó el respaldo político que la iniciativa tiene en Jujuy. Sobre el acompañamiento provincial, explicó que los tres senadores nacionales por Jujuy expresaron su acuerdo y que el Gobierno provincial también mantiene una posición favorable. Destacó que pese a ser de distintos espacios políticos, legislativos y Ejecutivo vienen acompañando los planteos vinculados con la producción cañera y el bioetanol.
La expectativa de la industria es que el proyecto pueda sancionarse durante este año. Para el sector, contar con una normativa de largo plazo es fundamental para generar nuevas inversiones y acompañar la transición hacia una matriz energética con una mayor participación de fuentes renovables.
Sobre las posibilidades de crecimiento, Gatti dijo que el mercado de los biocombustibles continúa expandiéndose a nivel mundial. Países como Brasil, Estados Unidos y Colombia aumentaron sus porcentajes de mezcla, mientras que otras actividades también comenzaron a incorporar objetivos vinculados con los combustibles renovables. Entre las nuevas oportunidades mencionó a la aviación comercial, que avanza hacia una mayor utilización de combustibles sostenibles.
El impacto que tendría en la región
Sobre el impacto que tendría un mayor corte en los productores de caña, Gatti explicó que en Jujuy los cañeros independientes participan del negocio del bioetanol a través del sistema de maquila y reciben parte del valor correspondiente al alcohol producido con la materia prima que entregan a los ingenios.
“En Jujuy el cañero es socio de los ingenios en cuanto al negocio del bioetanol”, dijo. Por ello una mayor demanda de alcohol tendría efectos sobre los eslabones de la cadena y un incremento del corte obligatorio podría generar más necesidad de materia prima y promover inversiones para mejorar los niveles de producción.
Sobre las posibilidades de expansión del sector cañero, Gatti consideró que el crecimiento debería ser principalmente vertical y no depender de la incorporación de nuevas superficies El desafío, pasa por aumentar la productividad por hectárea mediante mejoras en los sistemas de riego, un uso más eficiente del agua, mejores prácticas agropecuarias y mayor capacitación que permitiría obtener más caña sobre las superficies que ya están en producción.
También planteó que el crecimiento de la actividad tendría efectos sobre el empleo rural y los trabajadores vinculados con la agroindustria. Sobre la experiencia internacional, destacó el caso de Brasil, que mantiene desde la década de 1980 una política sostenida de promoción de los biocombustibles, y esa continuidad le permitió desarrollar una industria de gran escala, generar tecnología y consolidarse como una potencia en la actividad. Para Gatti, la Argentina también tiene condiciones para ampliar su producción y reducir las importaciones de naftas mediante el uso de materias primas locales.
Sobre el Rigi industrial
Sobre el debate en torno al denominado “Súper Rigi” y el pedido de un régimen similar para la industria, Federico Gatti consideró que tanto el esquema vigente como la nueva iniciativa demuestran la importancia de generar condiciones tributarias acordes con el nivel de las inversiones.
Explicó que muchas industrias argentinas son competitivas y alcanzan buenos niveles de productividad dentro de sus plantas, pero pierden esa ventaja cuando deben afrontar los costos externos a la producción. Mencionó las deficiencias de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, los costos laborales no salariales, la litigiosidad, las tasas municipales y la carga impositiva. “Cuando salimos de la fábrica, todas las deficiencias del Estado hacen que se vaya llenando la mochila de piedras”, expresó.
Explicó que los regímenes de incentivo buscan reducir parte de esos costos para quienes realizan grandes inversiones. Por ello, la industria reclama condiciones similares para las empresas que llevan décadas produciendo en el país y atravesando las sucesivas crisis.
Requiriendo así, políticas de reducción de costos que permitan competitividad importación/exportación. Gatti aclaró que la industria respalda la llegada de capitales, y destacó el impacto que tuvo en Jujuy el desarrollo de la minería de litio en la última década, por su efecto productivo y crecimiento en las comunidades de la Puna.
Sin embargo, consideró que las empresas previamente radicadas de distintos sectores industriales también necesitan condiciones impositivas que les permitan competir y sostener su rentabilidad. Sobre la situación del empleo, advirtió que la actividad atraviesa un escenario difícil, con una pérdida cercana a 3.000 puestos de trabajo industriales por mes a nivel nacional durante el último año y entiende que las empresas que mantienen sus planteles realizan un importante esfuerzo frente a la caída del consumo.
También cuestionó la presión fiscal de Arca ante demoras en el pago de impuestos, al considerar que los embargos pueden agravar la situación financiera de las firmas. Por ello, la UIJ seguirá el diálogo con el Gobierno nacional para avanzar en un régimen de incentivos que también alcance a las empresas que llevan años invirtiendo y produciendo en el país.
