La Suprema Corte de Justicia de Jujuy inauguró ayer oficialmente la nueva Dirección de Evidencias, una dependencia que tendrá un rol clave en la administración, resguardo y control de los elementos probatorios utilizados en las investigaciones penales de toda la provincia.
El nuevo organismo funcionará en el edificio ubicado en calle Senador Pérez 398 y representa una de las principales apuestas del Poder Judicial para fortalecer los mecanismos de trazabilidad, preservación y control de las pruebas en el marco del sistema acusatorio-adversarial vigente.
La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Suprema Corte, Federico Otaola, acompañado por los demás integrantes del Alto Tribunal, quienes coincidieron en destacar la importancia de contar con una estructura específica destinada a garantizar la correcta gestión de las evidencias que forman parte de los procesos judiciales.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reorganización institucional es el traslado de las funciones vinculadas a evidencias desde el Ministerio Público de la Acusación al ámbito del Poder Judicial, buscando dotar al sistema de mayores garantías de imparcialidad y transparencia.
En ese sentido, el coordinador de la Dirección de Evidencias, José María López García, explicó que la nueva estructura permitirá fortalecer la confianza en el manejo de los elementos probatorios.
"Evidencias antiguamente era del MPA, ahora ha sido trasladada al Poder Judicial. Lo que genera esto es transparencia en las evidencias, transformándose en un órgano imparcial a la hora de presentar las pruebas", señaló.
La dependencia tendrá bajo su órbita áreas estratégicas para la investigación penal, entre ellas la evidencia digital, la gestión de bienes secuestrados, el Laboratorio de Genética Forense, las Declaraciones Testimoniales Especiales realizadas mediante Cámara Gesell y las pericias psicológicas previstas por la normativa procesal.
La puesta en marcha de la Dirección de Evidencias también se encuentra vinculada a los convenios de cooperación recientemente firmados entre el Poder Judicial y el MPA, orientados a optimizar el tratamiento de la información digital, fortalecer los mecanismos de colaboración institucional y mejorar la atención de víctimas en situación de vulnerabilidad.
Desde la Suprema Corte remarcaron que la creación de este organismo permitirá unificar criterios de actuación, incorporar estándares técnicos y científicos de mayor calidad.
