No solo por haber convertido a su territorio en escenario de la guerra entre el partido revolucionario y los defensores de la monarquía española entre 1810 y 1825, sino también por haber abierto el debate sobre la igualdad de derechos de todos los pueblos, fundamento de la reivindicación autonomista respecto de Salta.
La doctrina jurídica de retrocesión de la soberanía que los revolucionarios de Buenos Aires esgrimieron para destituir al virrey Cisneros y crear un autogobierno el 25 de mayo de 1810, alumbró en la política local la idea de que Jujuy debía ser "reputada como una pequeña república que se gobernaba a sí misma". Así lo planteó ante la Junta de Gobierno de Buenos Aires el diputado jujeño Juan Ignacio de Gorriti en 1811.
La "regeneración política" inaugurada por la Revolución de Mayo implicaba haber recuperado para el pueblo la soberanía perdida por Fernando VII tras la usurpación francesa, pero también la posibilidad de romper con las desigualdades impuestas por la colonia y avanzar hacia un nuevo orden institucional basado en la igualdad de derechos de todos los pueblos.
Así se entendió en Jujuy, que desde la Ordenanza de Intendencias de 1782 dictada por Carlos III había quedado sometida a la autoridad de Salta, perdiendo la igualdad de derechos que antes existía entre las ciudades de la antigua Gobernación del Tucumán. En la práctica, esta reforma otorgó mayor poder a las ciudades más grandes y limitó los derechos de los pueblos menores.
No pasó mucho tiempo para advertir que las promesas de libertad, igualdad y fraternidad que irradiaba Buenos Aires no se cumplían plenamente. La instrumentación del reglamento que estableció el sistema de juntas provinciales y subalternas en 1811 fue una muestra de ello y, peor aún, una condición para que el pueblo jujeño padeciera el despotismo de los mandones, como señalaría el historiador Joaquín Carrillo.
El primer documento que plantea este problema en la nación en construcción data de 1811. Se trata de una "reclamación de derechos" elevada a la Junta de Buenos Aires por Gorriti, siguiendo mandato del Cabildo de Jujuy, a raíz de un conflicto institucional con autoridades salteñas. El ayuntamiento jujeño había utilizado fondos públicos para costear una expedición en auxilio de poblaciones amenazadas por indígenas en la zona de Orán, pero fue desautorizado por el gobernador presidente de la Junta de Salta, Tomás de Allende, por actuar sin autorización.
En ese documento, el derecho de Jujuy a autogobernarse se expresa con claridad: "Si los pueblos que constituyen la Nación Española por carecer de su amado rey Fernando se hallan autorizados por la misma Naturaleza para recobrar sus derechos que depositaron en él, dándose unas leyes que un gobierno fatuo, mercenario y despótico, por su propio interés o no ha querido o no ha podido dictarles; si toda esta gran parte de la Nación, a juicio de todo el universo, se halla autorizada para velar sobre su conservación, no encuentra este Cabildo una sola razón que desautorice a este pueblo para promover la grandeza a que puede llegar bajo de un gobierno establecido por las mejores máximas de rectitud y amor a los semejantes".
Agregaba también el pronunciamiento: "Hemos proclamado la igualdad de derechos de todos los pueblos y está en oposición con nuestros principios un orden que exalta a unos y deprime a otros. Es injusto, porque se falta en el punto más esencial a los pactos con que todas las ciudades se unieron a este Gobierno".
Las palabras del alcalde de primer voto de Jujuy, Manuel de Espinosa, quien participó de aquellos debates, reflejan la decepción frente al doble discurso revolucionario: "Qué ajenos estábamos de prever lo que nos sucede cuando llenos de alborozo nos hemos reunido tantas veces en este lugar para franquear nuestras fuerzas y escasas facultades a las primeras voces de un gobierno que nos ofrecía libertarnos de los déspotas. Veamos qué causa nos esclaviza y cuando todos los pueblos se han revestido de sus derechos naturales, sepamos por qué Jujuy debe omitir este acto sin el que todas las promesas de libertad nada significan".
Buenos Aires finalmente no atendió estas demandas. Los diputados del interior, convocados como los "hermanos ausentes" para sumarse al gobierno patrio, terminaron desplazados de la capital y con el Triunvirato se inauguró una forma de ejercer el poder que derivaría en profundas discordias.
En la historia, la postura del Cabildo de Jujuy quedó como una temprana y poco conocida tentativa reformista sobre las instituciones heredadas de la colonia y un antecedente del federalismo, dejando en el ADN de la política argentina la igualdad de los pueblos como una causa permanente de lucha.