El Ministerio Público de la Acusación (MPA) profundizó este fin de semana las medidas de prueba en el marco de la investigación por las amenazas que afectaron a diversas instituciones educativas de la provincia. A través de una serie de operativos coordinados, la justicia logró avanzar en la identificación de domicilios y elementos clave para desarticular la ola de falsas alarmas que generó conmoción en la comunidad educativa durante las últimas semanas.
Las actuaciones más recientes tuvieron lugar este sábado en la ciudad de Palpalá. Allí, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N° 1, bajo la conducción del Dr. Pablo de Tezanos Pinto, encabezó tres allanamientos simultáneos.
Durante los registros en la ciudad siderúrgica, el personal de la Brigada de Investigaciones procedió al secuestro de, dispositivos informáticos, teléfonos celulares y otros elementos de interés que serán sometidos a peritajes técnicos.
Esta acción se suma a la realizada el pasado viernes en un domicilio de Capital. En dicha oportunidad, la orden fue emitida por la jueza de Control, Dra. María Hinojo, y permitió la incautación de material electrónico que ya está siendo analizado por la Agencia Provincial de Delitos Complejos.
Consecuencias legales
Desde el organismo judicial remarcaron que estos hechos no son tratados como simples bromas, sino que encuadran bajo la figura de intimidación pública. Según el Código Penal vigente, este delito prevé penas que oscilan entre los dos y seis años de prisión.
La investigación, que cuenta con la participación de un equipo multidisciplinario de fiscales y ayudantes fiscales, incluyendo a los doctores Nicolás Flores, Juan Campos y Daniel Paredes, continúa en pleno desarrollo. Las autoridades buscan determinar si existe una conexión entre los distintos llamados y mensajes que provocaron las evacuaciones escolares, mientras se espera el resultado del análisis de los dispositivos secuestrados en las últimas 48 horas.