En los últimos días, las paredes y baños de diversas instituciones educativas en Jujuy se convirtieron en el escenario de un fenómeno que ya no puede pasar desapercibido: amenazas de tiroteos con fechas precisas y mensajes de advertencia. Lo que comenzó como un hecho aislado en otros lados, hoy es una realidad que afecta a muchas provincias como Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, replicando una tendencia que también golpea a la provincia en localidades como Libertador, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y San Salvador de Jujuy.
Ante este escenario, la pregunta que surge de manera natural no es solo quién escribe, sino qué está pasando con la población más joven. ¿Estamos frente a una seguidilla de desafíos virales de "mal gusto" o existe un trasfondo de soledad e intolerancia que encuentra en estos mensajes su única vía de expresión?
El mundo digital:
Expertos en psicología y educación advierten que la vida digital no es un mundo aparte, sino una extensión de la realidad. En este sentido, han surgido subculturas digitales donde niños y adolescentes consumen contenidos vinculados a tiroteos masivos. Aquí, el concepto de "cancelación" y la cultura de la impunidad en redes sociales parecen potenciar una intolerancia que termina trasladándose a las aulas.
"Las redes están amplificando algo que ya está sucediendo. Hay una dificultad de la sociedad adulta para cumplir con su rol y canales de diálogo que parecen estar rotos", señalan voces especialistas en el área de salud mental.
Lo que ocurre en Jujuy es un espejo de una problemática global. La situación está en la agenda pública y los canales de investigación están abiertos. La respuesta, sin embargo, parece no residir únicamente en la presencia policial, sino en la capacidad de la sociedad para descifrar un mensaje que, aunque violento en su forma, podría estar gritando algo mucho más profundo sobre la salud emocional de nuestras juventudes.
Medidas adoptadas en la provincia de Jujuy:
La activación de protocolos de seguridad ante estos hechos es inmediata. El caso de la Escuela Técnica Provincial N° 1, donde apareció un mensaje en el baño de varones anunciando un ataque para este 17 de abril, es un ejemplo de la respuesta institucional: presencia policial, intervención del Ministerio Público de la Acusación y refuerzo de controles de ingreso.
Sin embargo, el manejo de estas situaciones genera un dilema en la comunidad educativa. Por un lado, el rigor de la ley, que tipifica estos actos como intimidación pública con penas de hasta 6 años de prisión; por el otro, la sensación de un sistema que "asusta pero no acompaña". Muchos estudiantes manifiestan sentirse señalados bajo una mirada generalizadora, mientras que otros regresan a sus casas con un miedo real, alimentado por la confusión de imágenes que circulan velozmente por las redes.