Las comisiones de Legislación General y de Asuntos Institucionales de la Legislatura se reunieron ayer para tratar el proyecto de ley para instrumentar en la provincia Juicio por Jurado. Se analizaron los principales ejes que buscan aumentar la participación ciudadana en la justicia.
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Las comisiones de Legislación General y de Asuntos Institucionales de la Legislatura se reunieron ayer para tratar el proyecto de ley para instrumentar en la provincia Juicio por Jurado. Se analizaron los principales ejes que buscan aumentar la participación ciudadana en la justicia.
Luego de la reunión, el presidente de la comisión de Legislación General, Adriano Morone, informó que en este primer encuentro se expuso los ejes principales del proyecto, y se trazó una agenda de trabajo que prevé la convocatoria a diversos actores. "Vamos a trabajar este proyecto con mucha responsabilidad y sin apuros, porque implica cuestiones estructurales que pueden impactar en todo el sistema", sostuvo.
El legislador radical destacó que uno de los principales objetivos es "la incorporación de la participación ciudadana en la administración de justicia, el fortalecimiento de la legitimidad en las decisiones judiciales y la mejora en la transparencia".
Afirmó que hay experiencias positivas en otras provincias donde ya aplican este sistema, destacando mejoras en la celeridad de los procesos: "Nos muestran muy buenos resultados, con mayor celeridad de los procesos como también, hay una muy baja tasa a nivel nacional en las provincias donde se aplica de sentencias dictadas por jurados que, al ser recurridas ante los jueces profesionales, que hayan sido revocadas o que se haya establecido un fallo distinto en la apelación. Así que las experiencias en las otras provincias son muy buenas, no hay ninguna provincia en el país que la haya implementado y que haya vuelto atrás, al contrario, han avanzado", sostuvo Morone.
Especificó que, para la integración de los miembros del jurado, se establece en el proyecto de ley el sorteo entre ciudadanos de 18 a 70 años que figuren en el padrón electoral, con ciertas incompatibilidades. En ese sentido quedarían excluidos funcionarios públicos, judiciales, fuerzas de seguridad, dirigentes partidarios o sindicales, y personas con antecedentes penales o causas en trámite.
Finalmente, Morone adelantó que en los próximos encuentros se escucharán las posturas de organismos tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, la Defensa, el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y otras instituciones interesadas.
Cabe señalar que la iniciativa tomó estado parlamentario semanas atrás, y se analizará en forma conjunta entre las dos comisiones.
