En el Salón "Marcos Paz" de la Legislatura de Jujuy mañana desde las 10 se desarrollará la Jornada de debate Enfoque multidisciplinario sobre la edad de imputabilidad, abordándose el nuevo régimen penal para adolescentes de 13 a 18 años que delinquen propuesto por el Gobierno nacional.
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En el Salón "Marcos Paz" de la Legislatura de Jujuy mañana desde las 10 se desarrollará la Jornada de debate Enfoque multidisciplinario sobre la edad de imputabilidad, abordándose el nuevo régimen penal para adolescentes de 13 a 18 años que delinquen propuesto por el Gobierno nacional.
La iniciativa de los diputados provinciales Diego Rotela, Agustina Guzmán y Adriano Morone (del FCJ - UCR) es oportuna para tratar la situación de los menores en conflicto con la ley penal que afecta a la ciudadanía y proponer una solución.
Luego de la apertura protocolar con presencia del vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Bernis, a las 10 comenzará el programa de actividades con una mesa panel sobre el enfoque jurídico acerca de la edad de imputabilidad, con participación de Pilar Medina (jueza de Menores), Gabriela Burgos (defensora general del Ministerio Público de la Defensa), Sergio Lello (procurador general del Ministerio Público de la Acusación) y Ekel Meyer (presidente de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy).
Para las 11.45 está prevista La perspectiva del Ejecutivo, con Agustín Yecora (secretario de Salud Mental del Ministerio de Salud de Jujuy), Javier Gronda (secretario de Justicia de la Provincia), Sebastián Medina (jefe de Gabinete) y Marta Russo Arriola (ministra de Desarrollo Humano de la Provincia).
Desde las 16 se debatirá en la mesa panel Enfoque sociolegislativo, con participación de la diputada provincial Verónica Valente (PJ), la antropóloga Liliana Bergessio (vicerrectora de la Unju); y las legisladoras nacionales Natalia Sarapura y Karina Banfi (UCR).
El cierre de la jornada será a las 17.45 a través de Las juventudes políticas y la edad de imputabilidad, con intervención de Donato Cussi (presidente del Concejo estudiantil) y los diputados provinciales Martín Fellner (PJ) y Agustina Guzmán y Adriano Morone (FCJ - UCR).
La baja de imputabilidad es un asunto que gobierno tras gobierno, año tras año, las distintas fuerzas políticas fueron posponiendo. El Gobierno nacional abordó decididamente la situación basándose en las estadísticas que indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas.
Las consecuencias de muchos años, sumadas a las problemáticas en el sistema educativo y la ausencia del Estado, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados.
Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien.
En declaraciones periodísticas, el legislador Rotela se refirió a la actividad de mañana: "La idea es escuchar a distintos actores de primera mano desde un enfoque jurídico, del Ejecutivo, del legislativo y escuchar a los jóvenes por sobre todas cosas que se desenvuelven en distintas instituciones".
"Es importante conocer cuál es la postura y fundamentos de los distintos sectores de la vida institucional acerca del proyecto del Gobierno nacional enviado al Congreso", agregó.
Más adelante, remarcó que "es importante entender que la imputabilidad a los 16 años en la República Argentina se fijó en 1980, en pleno gobierno de facto, creo que 44 años después nos merecemos una discusión", al respecto.
Apremia una reforma del régimen
El proyecto de ley de un nuevo régimen penal juvenil, es aplicable a adolescentes de entre 13 y 18 años “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”. La finalidad del régimen es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social.
El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito, reza uno de sus artículos. Y aclara que desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales, los ordenamientos locales y demás normas de aplicación. Además entre las medidas complementarias para los adolescentes, figuran el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario, entre otras que serán seguramente temas de abordaje.