Mediante un contundente comunicado calificando como un "intento de golpe a la democracia" en Yuto, el intendente de ese municipio, David Abraham, cuestionó la iniciativa de la Comisión de Asuntos Institucionales en proponer a la presidencia del Concejo Deliberante, suspenderlo por 60 días en sus funciones por no responder los pedidos de informes y otros incumplimientos.
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Mediante un contundente comunicado calificando como un "intento de golpe a la democracia" en Yuto, el intendente de ese municipio, David Abraham, cuestionó la iniciativa de la Comisión de Asuntos Institucionales en proponer a la presidencia del Concejo Deliberante, suspenderlo por 60 días en sus funciones por no responder los pedidos de informes y otros incumplimientos.
Mediante un dictamen de los concejales miembros de dicha comisión, Jonathan Cuellar (UCR) y Laura Torres (PJ), propusieron al titular del legislativo municipal, Javier del Pino, "adoptar la medida de suspensión provisoria en el ejercicio del cargo del intendente municipal, por el plazo de 60 días sin percepción de haberes".
Los ediles aclararon que "habiéndose cumplido ampliamente los plazos establecidos para la contestación de los pedidos de informes y minuta de comunicación", y luego de concluir que Abraham "no contesta lo requerido", calificando su actitud como "una falta de respeto", es que propusieron tal medida.
Generado el conflicto que sumergió en la incertidumbre a la ciudadanía sobre el funcionamiento de las instituciones, el Ejecutivo municipal emitió un comunicado, asegurando que el accionar de Cuellar y Torres "es una maniobra desesperada por evitar que se esclarezcan los hechos de corrupción que hundieron a nuestro municipio, un grupo de concejales aliados de la gestión anterior".
La acción "realizada de manera irregular y a espaldas de la ciudadanía, busca obstaculizar las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Investigación Penal de Delitos Económicos contra la Administración Pública".
Desde su asunción al frente del municipio, Abraham inició "auditorías exhaustivas que han revelado un panorama desolador: desvíos de fondos, contratos irregulares, obras inconclusas, y un endeudamiento municipal insostenible".
Más adelante, se lee que el accionar "espurio es una clara señal de que los intereses corruptos siguen operando en nuestro municipio. Al silenciarme intentan impedir que continúe trabajando para recuperar lo que los anteriores gobernantes se llevaron".
Luego se enumeran tres objetivos a lo que califica como maniobra: entorpecer las investigaciones, proteger a los culpables con la impunidad, y desestabilizar la gestión.
Según el dictamen, se envió al intendente pedidos de informe sobre: situaciones laborales de empleados de planta permanente, contratados y jornalizados del municipio; emergencia económica municipal; proyecto de Ordenanza impositiva 2024; organigrama y funciones; y sesión ordinaria del 26 de junio.
También se cita un incumplimiento de liquidaciones del personal jerárquico (particularmente sobre la concejal Laura Torres); sobre partidas de funcionamiento al Concejo Deliberante, juicios laborales en contra del municipio por despidos arbitrarios e injustificados; juicios patrocinados por el mismo director de Asuntos jurídicos del municipio; y otros.
"Es lamentable la posición de intransigencia y falta de diálogo que tomó como 'política de estado el actual jefe comunal pretendiendo desconocer, avasallar y obstaculizar el normal funcionamiento del parlamento local, atenta contra su función de controlar de los bienes de la cosa pública y de los intereses de los mismos vecinos, quienes por medio del voto popular cifraron y depositaron su esperanza en todo el arco político de la comunidad de Yuto".