La investigación por la muerte de Ángel López dio un giro en las últimas horas. El fiscal Cristian Olazábal no descartó que la madre del niño, Mariela Altamirano, haya sido quien le provocó los golpes que derivaron en su fallecimiento, lo que podría modificar la hipótesis inicial del caso ocurrido en la provincia de Chubut.
En un primer momento, la acusación apuntaba al padrastro como autor de la agresión y a la madre por omisión. Sin embargo, el avance de las pericias, especialmente sobre los teléfonos celulares de los imputados, podría alterar esa reconstrucción.
"El miércoles se inició la extracción de datos informáticos de los celulares. El fin de semana vamos a analizar qué surge y puede haber variaciones en el caso", explicó Olazábal en declaraciones radiales.
El fiscal remarcó que la causa se construye sobre indicios, ya que no hay prueba directa: "Son inferencias a partir de datos comprobados", sostuvo.
Durante la investigación también surgieron testimonios que indican antecedentes de violencia por parte de Altamirano hacia otro de sus hijos. Si bien no había registros previos vinculados directamente con Ángel, esos elementos comenzaron a ser considerados.
"No sería sorpresivo que haya un cambio de roles o una mayor intensidad en los hechos que estamos investigando", advirtió el fiscal.
Según los resultados preliminares de la autopsia, el niño presentaba más de 20 lesiones compatibles con una golpiza, lo que permitió establecer que la causa de muerte estuvo vinculada a esos golpes.
A partir de allí, los investigadores trabajan en reconstruir lo ocurrido en los días previos, con foco en el entorno familiar y la dinámica de convivencia.
En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut dispuso la intervención del equipo técnico judicial que había otorgado la tenencia del niño a su madre.
La medida incluye una auditoría, a cargo de la camarista María Marta Nieto, que se extenderá por 60 días. El objetivo es determinar si hubo irregularidades en los informes que derivaron en esa decisión.
El fiscal indicó que se analiza la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público o falsedad ideológica.
La causa atraviesa ahora una instancia decisiva, centrada en el análisis de evidencia digital y pericial. "Hemos recuperado muchísima información y creemos que nos permitirá precisar mejor qué ocurrió", concluyó Olazábal.